¿Qué es la protección civil y cómo actúa?
La protección civil es un mecanismo clave en la política de seguridad pública, diseñado para salvaguardar a las personas y sus bienes. Su función principal es ofrecer una respuesta efectiva ante diversas emergencias y catástrofes, tanto naturales como causadas por el ser humano, según lo estipula la
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Este sistema público se encarga de prevenir y mitigar los efectos de las emergencias, garantizando una protección adecuada en situaciones de riesgo.
¿Qué conforma el Sistema Nacional de Protección Civil en España?
El Sistema Nacional de Protección Civil en España reúne la labor de diferentes Administraciones Públicas, a fin de asegurar una acción conjunta y eficaz ante posibles emergencias. Sus principales funciones incluyen:
- Anticiparse a riesgos colectivos para prevenirlos o minimizar sus efectos.
- Preparar los recursos y estrategias necesarias para enfrentar situaciones de riesgo.
- Intervenir de manera operativa en emergencias para una respuesta inmediata.
- Implementar medidas para restaurar infraestructuras y servicios esenciales tras una emergencia.
- Coordinar, supervisar y evaluar el sistema para su correcto funcionamiento.
Esta estructura garantiza que, ante cualquier emergencia, las respuestas sean rápidas, coordinadas y eficientes.
Derechos de los ciudadanos ante emergencias
Los residentes en España tienen varios derechos fundamentales en situaciones de emergencia, según la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil:
- Derecho a la protección: Todos los residentes tienen derecho a recibir asistencia de las Administraciones públicas en casos de catástrofe, siempre que las circunstancias lo permitan.
- Derecho a la información: Los ciudadanos deben ser informados sobre los riesgos colectivos, las medidas adoptadas para enfrentarlos y las acciones preventivas que deben tomar.
- Derecho a la participación: Los ciudadanos pueden participar en la elaboración de planes y normativas de protección civil, directamente o a través de entidades representativas.
Deberes de los ciudadanos ante emergencias
En situaciones de emergencia, los ciudadanos y entidades jurídicas tienen el deber de colaborar activamente con las autoridades competentes. Entre los principales deberes destacan:
- Deber de colaboración: Los ciudadanos deben prestar su ayuda, ya sea personal o material, cuando sean requeridos por las autoridades.
- Deber de autoprotección: Las personas deben tomar medidas para evitar exponerse a riesgos y seguir las instrucciones de los servicios de emergencia.
Medidas tras la declaratoria de una zona afectada por emergencia
Cuando se declara una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, se pueden adoptar diversas medidas para mitigar los daños. Entre ellas:
- Ayudas económicas por daños en viviendas y bienes esenciales.
- Compensación a ayuntamientos por gastos inaplazables.
- Apoyo a personas o empresas que hayan ofrecido servicios o bienes durante la emergencia.
- Subvenciones por daños en infraestructuras municipales.
- Ayudas para establecimientos industriales y comerciales afectados.
- Préstamos preferenciales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Además, se pueden implementar medidas fiscales y laborales para aliviar las cargas económicas tras una catástrofe, como la exención de impuestos o la reducción de cuotas en el impuesto sobre actividades económicas.
Riesgos de protección civil en España
Según el Real Decreto 524/2023, los principales riesgos de protección civil incluyen:
- Inundaciones
- Terremotos
- Maremotos
- Riesgos volcánicos
- Fenómenos meteorológicos adversos
- Incendios forestales
- Accidentes con sustancias químicas, biológicas o nucleares
- Accidentes de aviación civil
- Accidentes en el transporte de mercancías peligrosas
- Riesgo bélico
Competencias en materia de alertas y planificación ante catástrofes
La responsabilidad en la gestión de alertas y planificación ante catástrofes en España depende de la magnitud de la emergencia y los recursos necesarios para afrontarla. En situaciones supraterritoriales o de gran envergadura, la competencia recae en el gobierno estatal, concretamente en el Ministerio del Interior.
En casos más localizados, como la reciente DANA que afectó a la Comunidad Valenciana, la responsabilidad es de los gobiernos autonómicos, como la Generalitat Valenciana.
Si necesitas más información sobre asuntos legales en España, no dudes en contactar a expertos en derecho civil y otras áreas de asesoría jurídica.
