Andalucía reclama equidad en la dotación de jueces frente al trato preferente a Cataluña
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de Andalucía, José Antonio Nieto, ha intensificado en las últimas semanas sus peticiones al Gobierno central para que se garantice una distribución justa de los recursos judiciales. La polémica surge a raíz del acuerdo bilateral entre el Ejecutivo y la comunidad catalana, que contempla la creación de 60 nuevas plazas de jueces en Cataluña, mientras que Andalucía no tiene previsto recibir ninguna.
La situación ha llegado ya al Parlamento andaluz, donde el Partido Popular ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) para exigir un reparto equitativo de recursos humanos, materiales y económicos destinados al correcto funcionamiento del sistema judicial en Andalucía.
Competencias compartidas y responsabilidades diferenciadas
Ambas comunidades autónomas, Andalucía y Cataluña, comparten con el Estado competencias en materia de justicia. En el caso andaluz, la Junta tiene la responsabilidad de gestionar los recursos materiales, coordinar los medios humanos adscritos a los órganos judiciales, definir las demarcaciones territoriales, y organizar procesos selectivos para el personal no judicial, conforme al Estatuto de Autonomía y la legislación estatal.
Sin embargo, la creación de nuevos órganos judiciales o plazas de jueces y magistrados depende exclusivamente del Ministerio de Justicia, que es quien debe autorizar y dotar presupuestariamente estos recursos.
Desigualdad en la asignación de recursos judiciales
El desequilibrio se hace evidente cuando se comparan los datos judiciales entre ambas comunidades. Según la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la comunidad andaluza registró 7.004.309 asuntos judiciales en el último año, lo que la sitúa entre las regiones con mayor carga procesal del país. De hecho, su tasa de litigiosidad supera en un 7,6% la media nacional y se posiciona como una de las más elevadas de toda la OCDE.
Además, la tasa de congestión judicial en Andalucía alcanza el 62%, lo que significa que los juzgados solo logran resolver poco más de la mitad de los casos que ingresan anualmente. Esta situación pone de manifiesto la urgencia de reforzar el sistema judicial en la comunidad autónoma.
Déficit de jueces en proporción a la población
Con una población de más de ocho millones de personas, Andalucía cuenta con 1.041 jueces, lo que representa una ratio de 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes. Esta cifra resulta claramente insuficiente si se compara con la carga de trabajo que enfrentan los tribunales andaluces.
En este contexto, el TSJA solicitó en su informe de 2023 la creación de 15 órganos colegiados y hasta 104 órganos unipersonales. Por su parte, la Junta de Andalucía, a través de la Comisión Mixta, propuso formalmente la incorporación de 56 nuevos órganos unipersonales y 15 colegiados, incluyendo específicamente cuatro juzgados de violencia sobre la mujer.
Ausencia de respuesta por parte del Ministerio de Justicia
A pesar de la gravedad de los datos y las solicitudes presentadas, el Ministerio de Justicia no ha previsto la creación de nuevas plazas judiciales en Andalucía. Desde la Junta se considera que las razones presupuestarias esgrimidas por el Ministerio no se aplican con el mismo rigor a otras comunidades, como Cataluña, que sí ha sido beneficiada con la creación de 60 órganos judiciales.
Esta situación ha sido calificada por representantes de la Junta y del PP como una discriminación injustificada, que supone un agravio para los ciudadanos andaluces y un obstáculo para el correcto acceso a la justicia.
La importancia de una justicia eficiente y equitativa
Garantizar una justicia eficiente no solo es un derecho fundamental, sino una necesidad para el desarrollo económico y social de cualquier comunidad. En Grupo Oclem, somos conscientes del impacto que la falta de medios judiciales tiene sobre empresas, ciudadanos y profesionales del Derecho.
Nuestro equipo de expertos ofrece una amplia gama de servicios jurídicos para afrontar cualquier situación legal, desde derecho mercantil y societario hasta derecho penal, pasando por áreas tan críticas como el derecho internacional y el derecho fiscal.
¿Cómo pueden ayudar los profesionales del derecho ante esta situación?
La sobrecarga judicial no solo afecta a la administración pública, sino también a empresas y particulares que ven cómo sus procedimientos se dilatan en el tiempo. Contar con asesoramiento especializado permite optimizar tiempos y minimizar riesgos legales.
- Asesoría laboral para gestionar conflictos con rapidez y eficacia.
- Protección de la propiedad intelectual en un entorno judicial saturado.
- Defensa integral en procedimientos de derecho concursal y reestructuraciones empresariales.
Conclusión: una llamada a la equidad judicial
La situación de la justicia en Andalucía requiere una respuesta inmediata y justa por parte del Gobierno central. La igualdad ante la ley debe comenzar por garantizar los mismos medios y oportunidades en todas las comunidades autónomas.
En Grupo Oclem apostamos por una justicia accesible, moderna y eficiente. Si necesitas asesoramiento legal o deseas conocer cómo podemos ayudarte, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Para más información sobre políticas públicas y justicia, puedes consultar también el sitio oficial del Ministerio de Justicia.
