Avanza la investigación judicial sobre la DANA: claves del caso y nuevas pruebas
La investigación judicial sobre la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana sigue avanzando con nuevos testimonios y pruebas clave. La jueza del juzgado de instrucción de Catarroja, Nuria Ruiz, continúa reuniendo elementos determinantes para esclarecer los hechos que rodearon la trágica jornada del 29 de octubre.
Este miércoles está prevista la declaración de la exconsellera de Justicia y responsable del área de Emergencias durante el temporal, Salomé Pradas, así como de su entonces número dos, Emilio Argüeso. Se espera una jornada intensa, con grandes implicaciones políticas y administrativas.
Nuevas pruebas clave: mensajes y comunicaciones internas
La defensa de Emilio Argüeso ha presentado un informe pericial que recopila cientos de mensajes enviados desde su teléfono móvil durante el día de la DANA y el siguiente. Este documento, de gran relevancia para el proceso, pone de manifiesto la gestión de la emergencia desde el interior de la administración valenciana.
Entre los mensajes analizados destaca la ausencia de comunicaciones directas con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Solo se menciona una vez el barranco del Poyo, uno de los puntos más afectados por la riada, en una conversación mantenida entre Argüeso y Pradas alrededor de las 13:00 horas. El mensaje reza:
“Se solicita a BCV movilización de Bomberos Forestales por alerta hidrológica en zonas: Río Magro, área puente de Carlet y Barranco Poyo, áreas Torrent, Picanya, Paiporta. Confirman movilización, pendiente de que confirmen unidades asignadas”.
Este informe subraya que desde las 08:00 horas el área de Emergencias ya estaba monitorizando la situación meteorológica, tras la declaración de alerta roja emitida por AEMET para la zona litoral sur de Valencia.
Protocolos activados y zonas de atención prioritaria
Durante las horas siguientes, se intercambiaron mensajes constantes donde se evidencia la transmisión de información entre distintos niveles del gobierno autonómico. En estos grupos participaba también la vicepresidenta primera, Susana Camarero, quien ostentaba además la responsabilidad de Servicios Sociales.
Se activaron protocolos específicos para residencias de mayores y para personas sin hogar. Sin embargo, la atención principal se centró en el área del río Magro y en la comarca de La Ribera, especialmente en Carlet (Ribera Alta), donde las primeras inundaciones provocaron importantes daños.
Desde Carlet, a las 14:44 horas, Argüeso lanza un preocupante aviso: “Los barrancos están a punto de colapsar”. La vicepresidenta le responde: “Jope, si necesitas algo, nos dices”. Aun así, no se ofrece información adicional y los mensajes continúan fluyendo, mencionando otras localidades como Utiel.
Respuesta política y judicial
La vicepresidenta Susana Camarero ha defendido ante los medios que los mensajes demuestran que el Consell actuó conforme a la información disponible en cada momento. Según explicó, no se actuó de forma específica en el barranco del Poyo porque no se disponía de datos significativos sobre su caudal, que descendió poco antes del mediodía. La situación se tornó crítica a las 18:43 horas, cuando se recibió una nueva alerta.
El Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) no se reunió hasta las 17:00 horas, una decisión que ha sido objeto de críticas por su aparente tardanza. Pese a ello, desde el área de Emergencias no se percibía una situación alarmante hasta bien avanzado el día 29. Así lo demuestra otro mensaje de Argüeso, sorprendido por decisiones de algunos municipios: “¿Un poco exagerado, no?”, en referencia a la suspensión de clases.
Sin embargo, conforme avanzaba la tarde, los mensajes de advertencia dieron paso a llamadas de auxilio desesperadas:
“Emilio, por favor… bomberos. (…) Necesitamos un helicóptero. Que se ahogan los compañeros”.
Implicaciones legales y responsabilidades
Este caso está siendo seguido muy de cerca tanto por la opinión pública como por los expertos en derecho civil y derecho penal, dado que podría derivar en responsabilidades por omisión de socorro, negligencia en la gestión de emergencias o incluso delitos contra la seguridad pública.
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Conclusión: un caso que marcará precedentes
La causa judicial derivada de la DANA no solo busca esclarecer lo ocurrido, sino también sentar un precedente sobre la responsabilidad de las administraciones públicas en contextos de emergencia climática. La recopilación de mensajes, la actuación de los responsables políticos y la respuesta institucional serán determinantes para valorar si hubo errores evitables.
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Para más información institucional sobre la Generalitat Valenciana, puedes visitar su sitio oficial en gva.es.
